Deficiente proceso contractual en la Gobernación de Meta, según la Contraloría

Created by Édgar Alfonso Aroca Campo | director@noticiasdevillavicencio.com | |   Noticias

Las fiestas del fin de año embolataron los resultados de la auditoría que hizo la Contraloría Departamental de Meta a la gobernación metense, donde calificó como deficientes los procesos contractuales y el sistema de control interno de la vigencia 2016, luego de revisar aleatoriamente 10 contratos por la suma de 20 mil 423 millones de pesos.

De acuerdo con el documento de la entidad de control, los funcionarios del gobierno seccional fueron deficientes para cumplir la normatividad en la contratación, la programación contractual, ejecución contractual y en las labores de interventoría y supervisión.

El informe que está firmado por Yolanda Cardona Ávila, en calidad de contralora auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo, dice que solamente en los 10 contratos revisados fueron evidentes las siguientes presuntas irregularidades:

** Deficiente seguimiento de los supervisores al proceso contractual.

** Contratación directa sin pluralidad de oferentes.

** Direccionamiento de contratos.

** Sobrecostos.

** Falta de control de los supervisores e interventores.

** No está certificado el gobierno en el proceso de contratación.

** Supervisores o el Almacén departamental firman actas de recibo a satisfacción de los elementos, cuando no cumplen con las condiciones del contrato.

** Publican extemporáneamente los documentos en el Secop o no se publican las aprobaciones, autorizaciones y/o requerimientos del supervisor sobre la ejecución del contrato.

** La administración central de la Gobernación de Meta le entregó a la Contraloría un plan de mejoramiento, solo que las acciones preventivas y/o correctivas aplicadas fueron ineficientes e ineficaces.

La auditoría de la Contraloría Departamental de Meta determinó 10 hallazgos administrativos, 8 disciplinarios, 3 fiscales y 2 penales, por eso consideró que el detrimento al patrimonio público fue de 839 millones 833 mil pesos.

EL CONTRATO CON HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIOS, FISCALES Y PENALES

De los contratos revisados por el ente de control el que tiene todo tipos de hallazgos es el número 895 de 2016 por 1.503 millones de pesos, suscrito por la Secretaría de Gobierno que dirige Gerardo León Mancera Céspedes, con Global Business Innovation S. A. S. que representa legalmente, Antonio Londoño Guateque.

Ese contrato lo adjudicaron a la citada firma comercial con el objeto de adquirir e instalar el centro de comando y control con destino a la Armada Nacional con sede en Puerto López, sólo que las supuestas irregularidades encontradas rayan en actos ilícitos que deberían tener consecuencias penales.

Los funcionarios de la Contraloría Departamental de Meta revelaron las siguientes faltas:

** Para la elaboración de los estudios previos y análisis del sector, las cotizaciones presentan firmas de sus representantes con características visiblemente similares.

Para reafirmar esa posible falsificación de cotizaciones está la declaración del representante legal de la empresa Securnett, Luis Bernardo Bustos, quien le escribió a la Contraloría: “(…) nos permitimos informar que al observar y buscar en los archivos de la empresa la cotización que adjuntaron en ningún momento fue expedida por la empresa, además se pueden evidenciar de manera visual varias inconformidades que no corresponden a información real”.

** Interés para adjudicarle el contrato a Global Business Innovation S. A. S., esta es la conclusión del ente de control: “Se presume que para la realización del estudio de mercado se recurrió a presuntas irregularidades para posiblemente direccionar el contrato al único oferente, constituyendo estos hechos como hallazgo con incidencia penal”.

Adicionaron en otro párrafo: “La Contraloría colige que la modalidad de contratación directa, utilizada por la Secretaría de Gobierno y Seguridad del departamento para la selección del oferente, presuntamente quebrantó los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y libre concurrencia de la contratación pública, consagrados en la Ley 80 de 1993, constituyendo este hecho como hallazgo con incidencia penal”.

** La Contraloría determinó que la cadena de irregularidades proviene desde la concepción del proyecto presentado por la Armada Nacional.

** Sobrecosto de 179 millones de pesos.

** Gestión fiscal antieconómica e ineficiente en la adquisición del centro de mando y control por parte de la Secretaría de Gobierno y Seguridad de la Gobernación de Meta.

CONTRATOS CON HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIOS Y PENALES

La Contraloría Departamental de Meta también encontró más fallas en otro contrato suscrito por la Secretaría de Gobierno, para el suministro de elementos y equipos de búsqueda y rescate para fortalecer la Defensa Civil colombiana.

La contratación bajo el número 1006 de 2016 por valor de 299 millones 980 mil 500 pesos, lo adjudicaron a la firma Kluns S. A. S., que representa legalmente, Amira de los Ángeles Garzón Montilla.

La apreciación de la entidad auditora es que la empresa escogida por la Gobernación de Meta, no tenía capacidad jurídica para la ejecución del contrato, y en su objeto social no figura la actividad de comercio al por mayor de equipos y accesorios de rescate, comercio al por mayor de equipos de protección anticaída y equipos de rescate y comercio al por mayor de kits para servicios médicos de urgencias.

Sumado a que no correspondería a la realidad el certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio que entregó para el proceso contractual.

Conclusión de la Contraloría: “Teniendo en cuenta lo anterior y según los documentos observados por este ente de control se presume una transgresión de conductas de tipo penal”.

Como si lo anterior fuera poco, el contratista incumplió en la entrega de algunos elementos o eran de otras características, por eso subsanó la falta sólo cuando lo notó la Contraloría.

Debido a lo anterior se consideró que es falta del supervisor y el almacenista al recibir a satisfacción, cuando algunos elementos no coincidían o no fueron entregados por el contratista.

Acá tampoco hicieron públicos en la página de contratación los informes o requerimientos que aprueben la ejecución del contrato.

LOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS, DISCIPLINARIOS Y FISCALES

La Contraloría Departamental de Meta notó presuntas irregularidades en 2 contratos firmados por el secretario de Educación, Juan Diego Muñoz Cabrera:

** Contrato No 878 de 2016 por 3 mil 319 millones de pesos, para la dotación de elementos de menaje cocina y hospedaje para 42 instituciones educativas que cuentan con el servicio de alimentación en la modalidad de restaurante escolar y/o internado. Contratista: Consorcio Dotaciones 2016, representado por Carolina Ayala Quiceno.

El ente de control notó sobrecostos por 561 millones de pesos en la adquisición de los elementos de menaje, cocina y hospedaje.

El contratista entregó los elementos en fecha diferente a la exigida por el contratante.

El contratista entregó 650 camarotes sin la escalera metálica. Por exigencia de la Contraloría hicieron la compra del elemento, y lo integraron posteriormente al acta de entrega.

** Contrato No 452 de 2016 por 1.744 millones de pesos adjudicado a la comercializadora Licuaexpress S. A. S. de Vivian Carolina rojas Suárez, para la dotación de elementos básicos de hospedaje, cocina, comedor, electrodomésticos y audiovisuales, para la atención de niños, niñas y jóvenes matriculados en los establecimientos educativos que prestan el servicio de internados ubicados en 11 municipios del departamento de Meta.

La Contraloría Departamental de Meta encontró mala calidad y defectos de varios bienes entregados, por ejemplo: En los camarotes para los niños medidas no acordes, mal proceso de manufactura en las soldadura, cortes y pintura y tampoco tenían escalera metálica.

Con base en el cálculo del ente de control, fueron 304 millones de pesos de elementos entregados con mala calidad, donde están camarotes, colchones, juegos de cama, cobijas, almohadas, loker, ventiladores, toldillos, licuadoras de mesa e industriales, enfriadores, dispensadores de agua, neveras y televisores.

El contratista fue obligado a subsanar esa cantidad de errores.

Nuevamente les jalaron las orejas al supervisor, quien no evidenció esos problemas.

LOS HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS

** Contrato 743 de 2016 por 4 mil 494 millones de pesos para la compra del predio Villa Francia, que sería destinado para ser la sede de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional. Contratista: German Ernesto Ortiz Clavijo.

Nota de la Contraloría sobre la descripción del hallazgo: “La Gobernación del Meta en la etapa precontractual no elaboró documentos de estudios previos, ni acto administrativo que justificara la contratación directa. Por tanto, se violó presuntamente el principio de planeación”.

** Contrato 865 de 2016 por 2 mil 76 millones de pesos para la adquisición de 16 equipos portátiles purificadores de agua con destino a la Séptima Brigada del Ejército, para minimizar las enfermedades intrahospitalarias del personal por consumo de aguas no potables. Contratista: Conserdi Group S. A. S., representado por Nelly Constanza Millán Valero.

Dice la Contraloría que se cumplió con el objeto del contrato, aunque encontró las siguientes fallas del proceso contractual: “El documento de estudios previos del proceso y el acta de finalización del contrato se publicaron con posterioridad a 3 días hábiles de su expedición, mientras que la resolución Nº 073 de 2016, que complementó la justificación de la contratación directa, no se publicó en el portal del Secop”.

** Contrato 286 de 2016 por 1.595 millones de pesos para los servicios integrales de apoyo pedagógico para atender estudiantes con discapacidad matriculados en las instituciones educativas o centros educativos oficiales de 28 municipios del departamento del Meta, para mantener cobertura, permanencia y mejorar la calidad del servicio educativo respondiendo a los requerimientos diferenciales. Contratista: Fundación Manacacías de Maylin Yannet Parra Lara.

La entidad auditora determinó que se cumplió el objeto del contrato. Las fallas de nuevo fueron en procedimientos contractuales, así: “El documento de estudios previos y el acta de finalización del contrato se publicaron con posterioridad a 3 días hábiles de su expedición”.

** Contrato 410 de 2016 por 817 millones de pesos para brindar complementariedad y subsidiariedad a través de la atención humanitaria inmediata en los 29 municipios de conformidad con la competencia territorial dada por la Ley 1448 de 2011 para contribuir al goce efectivo de derechos de las víctimas de conflicto armado. Contratista: Corporación Social de Colombia de Sandra Patricia Puentes Rodríguez.

El objeto del contrato se cumplió, el reparo de la Contraloría otra vez es porque “el documento de estudios previos del proceso se publicó con posterioridad a 3 días hábiles de su expedición, mientras que el acta de finalización del contrato no se publicó en el portal del Secop”.

** Contrato 669 de 2016 por 448 millones de pesos para la organización y operación de varios eventos como el primer y segundo encuentro departamental de personas mayores y participación al encuentro nacional del programa Nuevo comienzo otro motivo para vivir, en la ciudad de Cartagena. Contratista: Unión temporal Otro motivo para vivir de Gloria Ibeth Castro Jiménez.

Los funcionarios de la Contraloría afirmaron que se cumplió con el objeto del contrato.

Los hallazgos administrativos y disciplinarios son porque el supervisor no le hizo seguimiento al anticipo, y el contratista no entregó el informe del manejo de ese dinero.

Además que en el portal de contratación Secop no se publicaron los informes, aprobaciones, autorizaciones y requerimientos del supervisor sobre la ejecución del contrato, vulnerando los principios de publicidad y transparencia.

EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO

** Contrato 579 de 2016 por 4 mil 123 millones de pesos para las acciones de mitigación y atención de emergencias y desastres a través del banco de maquinaria del departamento en los municipios El Castillo, Fuentedeoro, El Dorado, Puerto Lleras, Villavicencio, El Calvario, San Juanito, Cabuyaro, Cumaral y Restrepo. Contratista: Servicios Maquinaria y Construcciones de Luis Miguel Ángel Ramírez Romero.

La primera apreciación de la Contraloría es porqué tuvieron que contratar maquinaria externa, cuando en ese momento tenían las de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El contratista cumplió con el cometido del contrato en la construcción de jarrillones, limpieza de carreteras con derrumbes y mejoramientos de vías veredales, sólo que los auditores no pudieron analizar la relación con la cantidad de obra y el análisis de precios, debido que contrataron la empresa por prestación de servicios y hora de máquina trabajada.

Finalmente el hallazgo administrativo es porque “No se evidenció en el expediente del contrato las planillas de control de cada una de las actividades realizadas firmadas por las comunidades beneficiarias y las certificaciones de los alcaldes de cada uno de los municipios afectados, las mismas fueron allegadas de manera posterior al expediente de la presente auditoria”.

¿POR QUÉ CELEBRAN EN LA GOBERNACIÓN?

Los resultados de esa auditoría de la Contraloría Departamental de Meta son opuestos a los entregados por el Índice de Gobierno Abierto (IGA) de la Procuraduría General de la Nación, quienes anualmente revisan el cumplimiento de reportes y de normas para combatir la corrupción a través de transparencia y gobierno abierto.

Ese IGA agrupa 24 indicadores en 3 dimensiones: Organización de la información, exposición de la información y diálogo de la información, que servirían para demostrar la gestión y resultados de los gobiernos.

En la organización de la información la entidad de control evalúa la gestión documental y el control interno; la dimensión denominada exposición de la información tiene las categorías: visibilidad de la contratación, competencias básicas territoriales y sistemas de gestión administrativa y financiera.

Finalmente el componente llamado diálogo de la información tiene los ítems, gobierno electrónico, transparencia y rendición de cuentas y atención al ciudadano.

De acuerdo con los resultados de la Procuraduría sobre la Gobernación de Meta, la entidad territorial que dirige Claudia Marcela Amaya García, está entre las mejores 5 de Colombia por el cumplimiento de las normas de la contratación y gobierno abierto.

Durante el periodo como gobernador de Alan Edmundo Jesús Jara Urzola (2012 – 2015) se llegó a estar en primer lugar.

Si tenemos en cuenta que la evaluación de la Procuraduría resulta de la información que le entregan los gobiernos, está demostrándose que en Bogotá sólo chequean la entrega de documentos, porque si tenemos en cuenta lo dicho por la Contraloría metense, en la gobernación de nuestro departamento hay algunos que actúan de forma que estimulan y mantienen la corrupción.

PUSO LA CARA EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

De los 10 contratos revisados por la Contraloría Departamental de Meta la mayoría fueron suscritos por las secretarías de Educación y Gobierno, por eso NoticiasdeVillavicencio.com buscó a los secretarios para escuchar la versión que tienen de esa auditoría.

Llamamos en varias oportunidades al secretario de Gobierno, Gerardo León Mancera Céspedes, sólo que nunca nos contestó o estaba apagado su celular, y los mensajes enviados por Whatsapp los leyó, pero no contestó. El que sí respondió fue el secretario de Educación, Juan Diego Muñoz Cabrera.

NoticiasdeVillavicencio.com: Según el informe de la Contraloría hay sobrecostos y fallas en contratos de su secretaría ¿Conoce ese informe?

Juan Diego Muñoz Cabrera: Claro que sí, estamos trabajando con el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación, ya se hicieron las respectivas respuestas a la Contraloría, ya refutamos algunos temas que pasaron, se está estudiando por parte de la Contraloría las respuestas y ahora se va a hacer otro trámite en la parte de fiscalización, donde revisa la Contraloría los argumentos que presentan los auditores y las respuestas que da la Administración departamental.

El informe de los 2 contratos muestra presuntos sobrecostos en licuadoras, televisores, neveras, además de elementos mal entregados como camarotes mal soldados con fallas ¿Qué responde ante eso?

Ahí lo de precios se está revisando, nosotros hemos visto es que las calidades que se entregaron son muy buenas, lo que se está revisando son los estudios de mercado que está presentando la Contraloría nosotros ya lo refutamos, las marcas que se entregaron, son cosas de muy buena calidad, y con respecto a los camarotes el contratista en esos contratos tienen pólizas, se aplicaron y el contratista lo que hizo fue el arreglo de algunos camarotes que tenían que arreglar, y ya está subsanado y arreglado, la idea es que estamos muy tranquilos con esto, se ha entregado de muy buena fe y creemos que la Contraloría va a fallar haciendo una revisión muy bien hecha, muy responsable, muy honesta con lo que está presentando el servicio y la dotación del gobierno departamental.

En ese informe el llamado es reiterado a los supervisores que estén pendientes a que los elementos se entreguen bien, ¿Por qué el almacén y el supervisor recibieron los 650 camarotes sin la escalerilla? ¿Qué harán para que el supervisor sí sea el vigilante del dinero público que están invirtiendo?

Sí, el tema de las escaleras es un tema de la norma, esa norma es una norma que cobija también al Ejército Nacional y así fue como se soportó todos esos ejercicios, y lo de la escalera hay un vacío en la norma que habla de una parte con la escalera y en otra sin la escalera, más sin embargo el contratista donde hacía falta la escalera la entregó a todos los camarotes, este tema también se subsanó de parte de la Secretaría de Educación.

¿Y qué hacer con los supervisores? Porque el contratista está tranquilo que le firman actas de recibo sin verificar lo que se está comprando.

Lo que se está haciendo son más capacitaciones para los supervisores, se están haciendo más acompañamiento para los supervisores, en una labor bastante difícil, bastante compleja, creo en la buena fe de los supervisores, más sin embargo vienen cobijados por unas pólizas y estas pólizas llegarían a responder de una manera efectiva y eficiente.

¿No hay sobrecostos en los contratos? ¿Cree que las cotizaciones de la Contraloría no fueron bien hechas?

Eso depende de los estudios de mercado y tenemos la tranquilidad y vimos los elementos que se entregaron de buena calidad en el contrato que hablan de sobrecosto, creemos que se presentaron todas las pruebas donde no hay sobrecosto.

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Auditoría al contrato Nº 878 de 2016 para la dotación de elementos de menaje cocina y hospedaje para instituciones educativas, adjudicado al Consorcio Dotaciones 2016 por 3 mil 319 millones de pesos.
Mensaje no contestado por el secretario, Gerardo León Mancera Céspedes, para que respondiera por las presuntas irregularidades en los contratos de la Secretaría de Gobierno de Meta.

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