Pendiente la medida de aseguramiento contra 3 personas por contrato de la Gobernación de Meta

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Este miércoles continuará la audiencia ante el Juzgado Tercero Penal Municipal Ambulante de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde se resolverá la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que pidió medida de aseguramiento contra 3 personas involucradas en la ejecución del contrato 1331 de 2013 adjudicado por la Gobernación de Meta.

La citada contratación tenía por objeto la adquisición de 52 equipos portátiles de identificación rápida, que utilizan datos biométricos para conocer antecedentes en tiempo real, y verifica la autenticidad de la cédula, con destino al Cuerpo Técnico de Investigación y Policía Nacional.

El proceso de contratación por la suma de 1.380 millones de pesos favoreció a la firma, Tecnología Informática Oriental Ltda., representada legalmente por Angélica Solanlly Chávez León, quienes tenía 15 días para entregar los dispositivos.

Desde el despacho gubernamental autorizaron el anticipo del 50 por ciento a la firma contratista, pero 6 meses después el avance de ejecución era 0 %.

La Gobernación de Meta convocó a la contratista con el fin de encontrarle explicación al incumplimiento, quien aseguró que la empresa Morpho, dueña del software, se negó a vender las licencias a su subcontratista: La firma Rayco Ltda.

En la audiencia convocada por el entonces secretario de Gobierno departamental, Daniel Ernesto Castiblanco Mendoza, con los funcionarios de la oficina de Asuntos Contractuales, Javier Francisco Romero y Juan Carlos Medina, decidieron declarar el incumplimiento del contrato, ocurrencia del siniestro, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y la garantía de la póliza, pidieron la devolución de los 689 millones de pesos del anticipo y liquidar el contrato.

La Fiscalía General de la Nación consideró que los responsables del mal uso de esos dineros públicos son el secretario, Castiblanco Mendoza; el gerente de una entidad bancaria, Raúl Alberto Gasca y la contratista, Angélica Solanlly Chávez León, por esa razón les imputaron los delitos de contrato sin lleno de requisitos legales, peculado por apropiación y en beneficio de terceros, fraude procesal y falsedad en documento privado.

En la primera parte de las audiencias concentradas que se realizaron a comienzo de semana, la Fiscalía imputó cargos y solicitó la medida de aseguramiento, por esa razón la defensa pidió la suspensión de la sesión con el fin de preparar los alegatos para impedir que el juez los prive de la libertad.

El fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública solicitó medida de aseguramiento domiciliaria en contra de Castiblanco Mendoza y Chávez León, mientras que a Gasca le solicitó no privativa de la libertad, con la promesa de tener buen comportamiento y no acudir a la entidad financiera donde laboraba.

Mientras el representante de la Procuraduría General de la Nación consideró muy drásticas las medidas por los delitos imputados, el abogado de la Gobernación de Meta que hace parte como víctima, respaldó totalmente la solicitud de medida presentada por la Fiscalía.

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