Realidades que emergen después de la firma

|   Opinion

Por: Mario Romero Arismendy.

El fin del conflicto con las FARC ha permitido reducir los niveles de violencia en los territorios, zonas rurales que antes tenían dificultades de acceso por la presencia de grupos armados se empiezan a consolidar como destinos turísticos, la posibilidad de mejorar la productividad agrícola y la oportunidad de cerrar la brecha rural, son algunos de los resultados del inicio de la implementación del acuerdo de paz.

El país con la caída de la venda de la guerra, empieza a reconocer problemáticas que antes eran sopesadas con la pérdida de vidas causada por la confrontación armada, y por lo tanto eran puestas en un segundo plano; La corrupción, el mal manejo de la política económica, y la inseguridad urbana, ésta última un flagelo que afecta la convivencia, la propiedad y en unos casos, la vida.

En Meta para lo corrido del año 2017 se presentaron 3.923 casos de hurto a personas, 2.476 hurtos de celulares y 1.104 hurtos a residencias, según información de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional; hechos ocurridos principalmente en Villavicencio, y en cada uno de los mencionados se evidenció una reducción frente al año 2016, pero a pesar de la disminución la percepción de inseguridad es alta, el delito urbano es más cercano a la sociedad y genera un impacto con mayor incidencia.

Con todo y lo anterior se debe tener en cuenta la falta de denuncia, factor constante en la población, que obliga a evaluar con mayor amplitud la inseguridad como variable social que altera la cotidianidad urbana.

En el debate frente a la inseguridad urbana, se han encontrado las 3 ramas del poder público con posiciones distintas, pero entre la diversidad de opiniones no se han logrado consolidar herramientas para superar esta problemática, cada entidad desde sus competencias informa cumplimientos, pero la realidad del ciudadano de a pie, exige una acción integral.

La inseguridad urbana es un factor que no se debe quedar en cifras, requiere un análisis profundo que supera este escrito, que demanda voluntad política y acción institucional, que toca elementos desde la falta de oportunidades hasta la reincidencia, y la solución no solo se logra con el aumento de cárceles, Colombia se encuentra en un estado inconstitucional de vulneración de derechos en los establecimientos carcelarios, según sentencia T-153/1998 que los define como escenarios que carecen de medios para la resocialización de los reclusos.

La reincidencia, cárceles que no son escenarios óptimos para la resocialización, y la pérdida de confianza social en el aparato institucional, fomentada en ocasiones por el fenómeno mal llamado “libertad express”, argumentado en malos procedimientos en las capturas y el amparo en lo dicho por el código penal dentro de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, agravan el panorama, y profundizan la sensación de que la solución está lejos de alcanzarse, de que la disminución en los delitos no es suficiente, y que la salida para la inseguridad no se logra.

En un momento de debate electoral, es necesario que la sociedad reconozca sus problemáticas y exija a los candidatos propuestas que busquen soluciones.

La corrupción, el mal manejo de la política económica, y la inseguridad urbana requieren de acciones y compromisos serios, en este espacio quiero presentar una idea, para este último elemento: Fortalecer el concepto de reincidencia como factor que prohíba la suspensión de la pena, acción que puede unirse a la estrategia de reintegración social, propuesta por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), la cual aborda la problemática de la reincidencia y conlleva un conjunto de lineamientos de política pública para fortalecer el imperio de la Ley y lograr promover factores que favorecen el desistimiento del delito. 

La venda de la guerra está superándose, los problemas que antes se encontraban en segundo plano requieren soluciones oportunas y el camino de propuestas innovadoras puede ser la ruta para superar estas dificultades.

(*) Economista de la Universidad de los Llanos, y especialista en formulación y evaluación de proyectos de la Universidad Católica de Colombia.

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