Felipe Harman

¡Tierra a la vista!: La conquista de los Llanos Orientales

15.05.2013 16:32
Antigüedad: 1 year
Por: Juan Felipe Harman (*)

¡Tierra a la vista!, gritaba el conquistador español antes de desembarcar y transformar  el destino de todo un continente en el paraíso extractivo de España. Así  también tituló la Revista Semana una reciente monográfia sobre la Orinoquia. El informe especial fue financiado por diferentes empresas e instituciones locales, nacionales y multinacionales, que ven en la región la posibilidad de un milagro económico para generar  altos grados de rentabilidad en sus inversiones.

La región es considerada por unos como la última frontera agrícola del país y por otros como el centro de la bonanza petrolera, en todo caso es una mirada del territorio llanero como un espacio enorme y vacío, dispuesto por doquier a recibir inversiones que propicien, que en palabras del ex ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, Colombia cuenta con reservas de tierra sin utilizar y con amplios recursos hídricos para emular a Brasil.

El  discurso del desarrollismo “extractivista”

¿Qué ha cambiado? ¿Por qué el inusitado interés en la Orinoquia? La colonización agraria no inicio hoy en esta región.  Por el contrario en la primera mitad del siglo XX el proceso colonizador  estuvo configurado por la titulación de gran escala de tierra, las emergentes exploraciones petroleras de la época y la posibilidad de obtener el derecho a la tierra por vocación propia.

Lo que ha cambiado es la configuración del mercado mundial que propicia las condiciones para que las crisis sean el eje articulador de los intereses en la región. La crisis económica mundial ha generado altos grados de interés sobre los bienes comunes para configurarlos en commodities. La tierra, el agua y todo tipo de recursos entran al mercado como refugio de capitales, aprovechando el estado de crisis del metabolismo social.

Frente a la crisis mundial energética explota el “boom” de los agrocombustibles y  la viabilidad de la explotación del crudo pesado, y como mecanismo para enfrentar la crisis alimentaria el acaparamiento corporativo emerge con 2 fines, por un lado fortalecer el modelo agroexportador, y por otro lado especular  con la renta frente al dominio de la propiedad.

Orinoquia: relatos de la violencia

“Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar, y me lo ganó la violencia”: La Vorágine.

La violencia ha sido un rasgo fundamental  en la identidad del pueblo llanero, sólo el Meta tiene 135 mil desplazados que fueron despojados de sus tierras.  La Orinoquia colombiana presenta más de 160 mil desplazados que engrosan los cinturones de miseria de las ciudades, en especial Villavicencio, Yopal y Arauca.

En la Orinoquia colombiana se han establecido históricamente ciclos de despojo usando la violencia como mecanismo de acumulación de tierras, forzando procesos de ordenamiento territorial que privilegiaron el latifundio. Por ejemplo territorios indígenas ancestralmente construidos fueron  objeto de un genocidio sin precedentes desde la práctica de las denominadas “guahibiadas” asesinando indígenas por deporte, al igual que  las masacre de Planas alrededor de la segunda mitad de la década del 60, donde ya se encontraban algunas solicitudes de las concesiones petroleras en el Ministerio de Minas y Energía a nombre de la Texas Petroleum Company.

En general la guerra lejos de visibilizarse como un simple obstáculo al desarrollo económico, termina siendo la expresión violenta de los conflictos sociales, en un alto grado de degradación social y militar dada la extensión del conflicto por más de 50 años y la recurrencia  del narcotráfico para fomentarla.

La tierra: del latifundio tradicional al acaparamiento corporativo

Colombia en general heredó la estructura señorial en las relaciones de propiedad de la tierra que venía siendo desarrollada en España, lejos de transformar esta situación, la independencia fortaleció la titulación de tierras a gran escala y la concesión de miles de hectáreas a grupos nacionales y multinacionales como es el caso de la concesión Devoren y Castillo (500 mil hectáreas) en la región de San Martin. [1]

Esa situación  convirtió la tierra como factor de dominio y poder territorial, no sólo expresado en el plano económico sino en el plano político, en donde los dueños de la tierra no requirieron ser élites intelectuales para gobernar, ya sea de manera directa o indirecta.

Desde la apertura económica entra en una profunda crisis la producción agrícola  regional, el latifundio tradicional termina siendo poco competitivo frente a las dinámicas del mercado internacional, sumado a la carencia de un respaldo efectivo  del Estado (subsidios, asistencia técnica, crédito) termina siendo el ocaso de cultivos como el algodón, el arroz y la misma ganadería.

El arroz, cultivo tradicional en los llanos orientales, tan solo del 2009 al 2011 reporta una caída del 60 por ciento del área sembrada; en contraste a cultivos permanentes como la palma de aceite que en el mismo periodo ha aumentado su área de 111 mil 665 a 162 mil 497 hectáreas. [2]

El Estado colombiano termina entonces impulsando el acaparamiento corporativo orientado a satisfacer la demanda de alimentos, agrocombustibles, maderables, pero también para generar especulación rentista comprando tierras y apoderándose de baldíos, como lo demuestran las demandas interpuestas a empresas como Mónica Semillas y Poligrow.

Dichos megaproyectos en  su mayoría con créditos públicos como fue el caso de Agro Ingreso Seguro y además que ha hecho innumerables esfuerzos para promover la ruptura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Hoy tan sólo la Corte Constitucional mediante la sentencia C-644 frenó dicha intención al igual que  restringe el uso de los baldíos del Estado, para la entrega de estos grandes megaproyectos. Actualmente hacen presencia las multinacionales Cargill, Monica, Forest First, Poligrow, pero también grupos nacionales de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Manuelita  y el Sindicato antioqueño, entre otros.

Frente a este panorama el campesino que genera agricultura a pequeña y mediana escala sobrevive en medio de la soledad, que se devela en unas instituciones que no sólo no lo respaldan, sino que terminan siendo quienes embargan sus tierras, en el caso del Banco Agrario, y la misma reglamentación sanitaria que inviabiliza la producción artesanal.

La bonanza petrolera y la maximización de sus conflictos

La meta del millón de barriles le está saliendo cara a la Orinoquia, que genera  el 78 por ciento de la producción petrolera nacional. En este momento se encuentra concesionada el 82 por ciento de su área para contratos de exploración y producción. [3]

Zonas ambientalmente sensibles como el caso del piedemonte llanero, parques nacionales y parques regionales,  terminan siendo amenazados por  una actividad de alto impacto, como lo es la producción de hidrocarburos.

La Orinoquia contiene antes que yacimientos de petróleo, grandes yacimientos de agua por el potencial hidrogeológico notable. Es por ello que su producción termina generando un alto volumen de aguas residuales. Por cada barril de petróleo se generan  de 10 a 15 barriles de agua, con fenoles y metales pesados que son vertidos a los ríos.

Forzar de esa manera el volumen de producción termina por obtener sus impactos sociales y económicos, como el precario empleo que genera, las altas tasas de inflación en los municipios productores y una urbanización desbocada promovida por las migraciones laborales de personal que trae dichas empresas.

Pero además desborda en sí misma la capacidad de transporte, 2 mil tractomulas diarias según censo de la concesionaria de la carretera, aumentan el volumen de accidentalidad en las vías, que en la última semana ya dejan 7 muertos, derrames y demás.

La necesidad de construir un proceso autónomo, colectivo y alternativo

Hay una lectura teledirigida que planifica la región subordinando la de sus intereses. Tierra a la Vista es una muestra sobre un proceso donde el gobierno nacional termina centralizando recursos, poder  e interlocución para ofrecer este territorio a múltiples intereses corporativos que se ubican desde un modelo maximalista, desarrollista y  fundamentalmente extractivo.

Es en ese sentido que las organizaciones sociales y políticas, los ambientalistas, académicos, estudiantes, campesinos y demás actores sociales de la región no solo se trata de cuestionar, criticar y oponerse a dicho proyecto hegemónico, sino de construir “alternatividad” que desde lo regional, disponga elementos claves para la transformación del modelo de desarrollo del país.

La Orinoquia no sólo se resiste al proceso de la modernidad postergada, sino que requiere de procesos de construcción social y popular, para vivirla, pensarla y recrearla en la práctica social y política. Requiere de un sueño colectivo con hacedero en la conciencia de sus gentes, que  enfrente al meta relato desarrollista y se centre en el buen vivir, en la posibilidad de albergar plena convivencia entre los tiempos de la naturaleza y los tiempos de la producción.

Y en ese sentido algunos principios básicos a tener en cuenta para mandatar sobre  la Orinoquia, en especial la Altillanura como espacio en disputa son:

- Un modelo ecoagrario no sólo centrado en la productividad, que tenga como referente estructural  la participación democrática en el territorio y la construcción de territorialidad por parte de las comunidades.

- La compensación de una deuda social y moral histórica que tiene el país con las comunidades indígenas de la Orinoquia, que actualmente se encuentra cobijados mediante sentencia de la Corte Constitucional, que define la necesidad de construir los planes de salvaguarda para evitar el exterminio de los pueblos étnicos. El país debe comprender que son herederos naturales de la tierra y la imagen viva del despojo y el saqueo.

- La construcción holística del ordenamiento territorial, que implica sobreponer las determinantes ambientales  sobre las relaciones de producción. La necesidad de un plan socio ambiental intergeneracional  que promueva la restauración ecológica en las sabanas, y la protección inalienable de las zonas de recarga.

- Revalorar el valor económico, social y cultural del conuco, de la comarca campesina, sus valores y tradiciones, en pleno apoyo a la recuperación y el diálogo de saberes, que permitan darle forma a una apuesta agroecológica en la región.

- Los baldíos del Estado pueden ser una apuesta de la expansión agrícola siempre y cuando se respete la Unidad Agrícola Familiar (UAF), para pequeños y medianos campesinos dentro de una política agraria integral que garantice la  soberanía alimentaria para el país.

*Agradecimiento especial a los compañeros del Centro Regional de Estudios de la Orinoquia (CREO) por sus comentarios y aportes.

(*) Proyecto Gramalote

[1] Orlando Fals Borda, Historia de la Cuestión Agraria en Colombia. Bogotá, 1975.

[2] Gobernación del Meta, Evaluaciones Agropecuarias- Informe de Coyuntura 2010-2011.

[3] Datos del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

 

 

 


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