En líos judiciales 27 personas por el daño ambiental a un predio en Villavicencio

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Esta semana se realizaron las audiencias concentradas en el Juzgado Noveno Penal Municipal de Villavicencio, donde se legalizaron las capturas de 27 personas, se aprobó el material probatorio, imputaron cargos y dictaron medida de aseguramiento, de quienes estarían relacionadas con el daño medio ambiental a un lote ubicado en esta capital.

La historia está relacionada con un predio denominado Manuel Alejandro en la salida de Villavicencio hacia Acacías, donde estaban construyendo sin licencias, se hacía captación de dinero sin estar autorizados y de ñapa arrasaron con 14 hectáreas de bosque.

El caso se remonta al año 1997 cuando la pareja de ciudadanos, Manuel Alfonso Orjuela y Carol Sanabria, empezaron a vender lotes en el terreno que está ubicado cerca a Serramonte, pidiendo un poco más de 6 millones de pesos para tener el derecho a un espacio con el fin de construir vivienda.

[Recuperado el predio que fue invadido y talado en la salida de Villavicencio hacia Acacías | Lea acá]

Blanca Sandoval con otras 30 personas se interesaron en la oferta, porque su idea era tener un lugar donde establecer su hogar, pero los meses siguientes fueron una tortura debido que los vendedores se “perdieron”, no cumplieron la fecha de la entrega y todos quedaron en el limbo.

Vaya sorpresa que tuvieron los supuestos compradores de buena fe cuando empezaron a leer que “sus lotes” los estaban revendiendo, por eso decidieron ir a tomar posesión para “proteger” la inversión que habían hecho años atrás.

La señora Sandoval le dijo a este medio de comunicación que ellos no son invasores, compraron el lote en un lugar que hasta 2015 no era reserva forestal, pero sí reconoce que después de ellos empezaron a ingresar al predio Manuel Alejandro otras personas que son los arrasadores del bosque y dueños de la maquinaria.

“Cuando vimos que empezaron a invadir nos metimos para proteger nuestros lotes. Exigimos que se respete el derecho propio que tenemos”.

Así como la dama muchos cayeron en manos de unos timadores que se aprovecharon del sueño de tener casa, aunque también saben que nada estaba soportado en papeles legales, más allá de un simple recibo de caja donde les anotaban el dinero que iban entregando.

Blanca Sandoval tiene embolatados los 6 millones que pagó por su lote, pero hay otros ciudadanos que llegaron a girar más de 70 millones de pesos para hacerse a un pedazo de tierra.

No se sabe qué pasará, mientras tanto la justicia y entes gubernamentales tienen “cogido” el caso, así que esperemos trabajo decidido porque pasaron casi 20 años para que al fin pudieran proceder para detener la invasión y destrucción ambiental casi en nuestras narices.

Medida de aseguramiento para todos

Esta semana llegaron al predio Manuel Alejandro el Cuerpo Técnico de Investigaciones, Policía, Inspección de Policía, Gaula del Ejército, Fuerza Aérea y las Secretarías de Control Físico y la de Medio Ambiente, detuvieron las acciones invasoras, decomisaron maquinaria, destruyeron las casas que se estaban levantando y capturaron 27 personas.

En las audiencias la Fiscalía General de la Nación los hizo responsable de los delitos de daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica y construcción ilegal.

Los afectados con la medida de aseguramiento no privativa de la libertad:

Roger Gonzales Urbina, Jesús Paredes Durán, Edwin René Nova Moya, David Domínguez Torres, Yulier Alcid Gutiérrez Torres, Misael Sosa, David  Mauricio Cortés Gutiérrez, Carlos Sánchez González, Darwin Valderrama Ordoñez, José Nelson Beltrán Ramírez y René Burgos Céspedes.

También: Julián Lucumi Guaza, Miriam Otálora Cante, Luis Ernesto Rojas, Marcos Rodríguez González, Luis Eduardo Betancurt, Gildardo Antonio Ríos Castro, Jairo Otálora Espitia, Álvaro Maldonado González, Oscar Javier Pulido Sáenz, Fernando Eliécer Franco Parra, Hernán Castaño Gil, Hernando Nova Jerez, Yoiler Mauricio Ojeda Robles, José Disnar Cabezas López y Luis Alfredo Ponare.

La detención intramuros fue para Yamit Hernán Tarifa Ortíz, quien tenía prisión domiciliaria emitida en julio de 2016 por el delito de extorsión. Los 2 menores aprehendidos fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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