Prohibido prohibir lo prohibido

|   Opinión

La Tabla. Por: Néstor Restrepo Roldán (*)

 

La Ley 1801 de 2016 es el Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana que reemplaza al expedido mediante decreto en 1970, ampliado en 1971 y modificado por decenas de sentencias en los últimos 46 años.

Nosotros, acá en Meta, nos guiábamos por la ordenanza N° 507 de 2002 que el 30 de noviembre de ese año expidió las facultades que le confería el artículo 300, numeral 8° de la Constitución Política, y que en su preámbulo ordena en concordancia con la generosa sabiduría popular que “Es ley del llanero dar de beber (sic) al que llega”.

Qué tal este estandarte y dizque genuina expresión de sentido de identidad y pertenencia regional.

Interesado en el proceso y dudosa legalidad, continuidad y cumplimiento de la ordenanza citada ante la Ley creada, el 13 de octubre de 2016, mediante un derecho de petición, me dirigí al presidente de la Asamblea Departamental para que me fueran explicadas las condiciones, efectos y cumplimientos que nos corresponderían a partir del 30 de enero de 2017, cuando entraría en vigencia la nueva ley.

El 2 de noviembre obtuve su respuesta en la que menciona que “las Asambleas Departamentales están en el deber de actualizar las ordenanzas relativas al código de policía departamental (sic)”. Indicó también que “la corporación se encuentra trabajando en un proyecto de ordenanza sobre el tema en mención y así poder entregar un documento ajustado al ordenamiento jurídico”. Hasta el momento, nada, al respecto se conoce.

Sin embargo, arrojar basura a la calle, lavar vehículos en la puerta de los hogares, hacer fiestas sin autorización y que excedan los niveles de sonido, consumir licor, marihuana, bazuco o perico en espacios públicos y muchas otras acciones, se han dejado a merced de la Policía para el ordenamiento de la ciudad.

No está claro, si quien impone la sanción es el policía que detiene a cualquier parroquiano prostático que decida orinar en la calle o en un parque, o es quien tiene la sartén por el mango, como funcionario de la alcaldía, para ejercer como sancionador. Quiero ver además, a cualquier menesteroso que con su chorro salpique un andén o una pared, pagando 798 mil pesos de multa.

¿Cuál es entonces la diferencia central que hoy se vive?

Aparte de que aborda problemáticas propias de la época, la novedad del nuevo Código es que impone el pago de multas en dinero para cada contravención. Antes el énfasis eran las sanciones policivas y en determinadas contravenciones, los alcaldes podían fijar las multas pero no las aplicaban siempre, o cuándo se pagó una sola de las multas aplicadas a NO botaderos de basuras o escombros.

Respetuosamente pero con mucha veracidad, debo decir que el Código de Policía se ha convertido en una herramienta de ordeño para los uniformados y no en la tabla de corrección de muchas actitudes del ciudadano, como parece que fue lo que intentaron aprobar en el Congreso.

Ya funciona y en Medellín y Cali denunciaron este fin de semana pasado 2 actuaciones de la Policía amenazando con  imponer comparendos y multas, a un par de ciudadanos que no cometían ninguna infracción. A un abogado que tomaba cerveza sin alcohol en un parque de Medellín, el uniformado resolvió imponerle un comparendo porque está prohibido beber en lugares públicos, y en Cali, una señora denunciando que a su hijo de 17 años que iba en el MIO (transporte público) para el colegio, con sus audífonos puestos oyendo música del celular, 3 policías lo bajaron porque el celular era robado y que de acuerdo al Código tenía que pagar multa.

Para canjear autoridad por soborno u ordeñada, le pidieron 75 mil pesos que llevaba en la billetera y el celular.

¡Vamos con esto tan mal, como creíamos que íbamos a ir!

Para los colombianos es un fracaso la convivencia ya que como ciudadanos no hemos aprendido a autorregularnos. Por eso, más que códigos y normatividad, debe primar la educación ciudadana. Ya que aprender a convivir nos cuesta tanto, el Código de Policía se convierte en una herramienta regulativa.

Las normas que contemplan sanciones severas frente a las faltas de los ciudadanos, son útiles, pero nunca serán suficientes si no se complementan con sistemas sancionatorios efectivos y procesos pedagógicos de construcción de cultura política y de formación ciudadana.

(*) Dirigente cívico.

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