4 años

|   Opinión

Por: Eudoro Álvarez Cohecha (*)

 

El 14 de marzo en que andamos se cumplieron 4 largos años de haberse firmado un compromiso entre el Gobierno Nacional, representado por los ministros, Juan Camilo Restrepo y Luis Eduardo Garzón, y los agricultores de Meta en cabeza de Agameta (Asociación de Ganaderos y Agricultores de Meta).

En ese compromiso el gobierno se obligó a buscar alivios a las deudas de los productores rurales entrampados con deberes bancarios y agrocomercios, contraídos luego de graves daños en sus cultivos, originados en disturbios sanitarios que rebajaron sus producciones, amén de  precios ruinosos a tan  solo 1 año de vigencia de los TLC, especialmente el signado con los Estados Unidos de Norteamérica.

A este compromiso se sumaría uno firmado en El Espinal, Tolima, en donde el ministro Lizarralde, el nuevo de Agricultura, adquirió responsabilidades similares a las de Villavicencio.

1 año después, en junio de 2014, se expidió la Ley 1731, en la cual el Congreso de la República aprueba alivios para deudas mayores de 20 millones de pesos, pues la dictada en 2013, la 1694, solo redimía deudas de menos de 20 millones de pesos y esa cobijó apenas a 1 productor en los Llanos.

15 meses después expidieron el decreto 1445 de 2015, reglamentario de la ley correspondiente, concretado luego de reclamos enfáticos de los productores, pues el gobierno pretendió “meter gato por liebre”, excluyendo nuevamente a deudores de más de 20 millones.

Transcurrido 1 año más, ¡¡¡Otro largo año!!! Y expiden directrices desde la junta del Fonsa (Fondo de Solidaridad Agropecuario), creado desde 1994, para que Finagro (Fondo de Financiamiento Agropecuario) convocara a los acreedores bancarios y no bancarios, y  pudieran ofrecer en venta las acreencias contempladas en la susodicha ley, con tan “mala leche” que luego de que algunas entidades brindaran sus acreencias, la respuesta del gobierno fue de tal monto que el papeleo requerido obligó a estos prestamistas a renunciar a tales beneficios porque le “salían más caro el caldo que los huevos”: Deudas millonarias ofrecían ser compradas en algunos pocos cientos de pesos.

Nuevos reclamos, y en febrero del año en curso, accedió el gobierno a corregir tanto estropicio, ante el anuncio de los tiempos tan prolongados en que se estaba incurriendo, el pasado 10 de marzo se expidió un calendario de cumplimiento en el que se debe esperar hasta septiembre 25 de 2017 para que se reciban la “Comunicación oferentes resultados valoración de cartera”.

Pese a lo anterior, fruto de una gestión en que se han dado 41 visitas al Ministerio de Agricultura, La Procuraduría, Banco Agrario, Finagro, siguen excluidos deudores que pueden perder sus patrimonios, pues lo generado hasta ahora por el gobierno los excluye por tener patrimonios, representados en activos superiores a 700 salarios mínimos legales, sin considerar que sus pasivos se acercan peligrosamente al nivel de sus activos, es decir lo que tienen lo deben. Se les considera “muy Ricos”, pero su condición de agricultores los excluye de la ley de ”Insolvencia Empresarial” (ley 1116/2006), comúnmente denominada como ley de quiebras; en este punto la burocracia del gobierno no ha podido encontrar una fórmula que permita beneficiar a estos productores rurales.

Paralelamente los acreedores y sus abogados, incluyendo el Banco Agrario, acosan en los juzgados y los procesos de pre jurídicos se convirtieron en jurídicos y de allí a los embargos. La celeridad ha sido tal que ya han rematado (expropiado) a productores que inmersos en estos compromisos han sido burlados y sacrificados, pues mientras el gobierno anda a paso de tortuga con sus compromisos, los acreedores van a carrera de venado.

Contrasta esa actitud cicatera del gobierno con la diligencia y prontitud con que el Banco Agrario diligenció y prestó a Navelena, empresa socia de Odebrecht, 120.000 millones de pesos que están en altísimo riesgo de perderse, ante los delitos porque debe responder la multinacional brasilera, asociada con el banquero más poderoso de Colombia y la actitud consentidora del fiscal General de la Nación, funcionario comprometido en negocios con quien debe acusar!!!

Entretanto para quienes contribuyen a la seguridad alimentaria de esta nación: “cero pollito, cero huevito”.

(*) Eudoro Álvarez Cohecha, dirigente cívico.

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