#Opinión || De la lentitud a la impunidad

Por: Eudoro Álvarez Cohecha (*)

Desde septiembre de 2012, hace ya largos 4 años, un finquero vecino de Colombia Agro, en el departamento de Vichada, instauró una queja ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), señalando que su poderoso vecino asperjaba por vía aérea sus cultivos de soya y maíz, con una sustancia que posiblemente estaba afectando sus pastos y semovientes.

No sabía el quejoso que iniciaba un verdadero calvario en donde sus reclamos entrarían en un laberinto de desatenciones y dilaciones, a los cuales debería dedicarle tanto o más tiempo como a las labores concernientes con el proceso productivo ganadero, adelantado con esfuerzos y técnicas que superan en mucho las que se acostumbran en la tradicional ganadería llanera.

La visita de los especialistas determinó que efectivamente los daños se habían presentado con afectación de los pastizales y severos efectos cutáneos en los bovinos alcanzados por el producto derivado, gracias al viento, de las aplicaciones hechas en los sembradíos de su vecino, la poderosa multinacional.

Toxicólogos de Unillanos, la universidad pública regional, determinaron que efectivamente el producto asperjado estaba causando graves daños en vías respiratorias de los animales rociados con el producto, que por deriva se trasladaba de los cultivos vecinos al predio ganadero y que esas afectaciones incidían en los órganos reproductivos y los deterioros en el sistema respiratorio estaban afectándolos hasta niveles letales.

Se estableció igualmente que los productos fumigados por vía aérea son paraquat y glifosato, ingredientes activos de herbicidas reconocidos por su toxicidad y que de manera clara está comprobado su efecto destructivo y la incidencia tóxica sobre seres vivos del reino animal y vegetal, por lo cual su aplicación por vía aérea está restringida e incluso prohibida.

Los daños ambientales conexos, inciden en los humedales y demás fuentes hídricas con el consiguiente perjuicio de la fauna ictiológica y demás animales que componen estos valiosos ecosistemas.

El plan de ordenamiento territorial de Cumaribo -municipio en cuya jurisdicción se localizan los predios en litigio- no autoriza explotaciones intensivas como las desarrolladas por Colombia Agro, sin la respectiva licencia, que no ha sido solicitada ni otorgada.

1 año después de puesta la queja ante el ICA, el interesado se vio obligado a obtener información, vía tutela, pues el hermético instituto, especializado en la sanidad agropecuaria, se  negaba a hacerlo de oficio.

En 2013, 1 año después, y el siguiente también, la multinacional, filial en Colombia de la poderosa Cargill, como parte de su modelo productivo, continúa aplicando los letales pesticidas y lo sigue haciendo por vía aérea como al principio de la querella, su lógica es afrentosa: Como nada ocurre  cuando violo la ley, reincido y la inoperancia del Estado me protege.

El ICA entre tanto señalaba en 2015: “Esta gerencia seccional tiene en curso el proceso administrativo sancionatorio correspondiente”, ¡Sigilosamente resguardado, pues al interesado nada se le comunica que no sea por la vía de la coacción legal!

Seguramente la sanción es tan ridícula que les avergüenza comunicarla. La autoridad ambiental, tan solícita y activa cuando los infractores son frágiles, guarda un silencio rentable.

La entrada a los predios de la multinacional se le restringe a los funcionarios, tanto sanitarios como judiciales, debidamente acreditados, pues esta empresa extranjera pretende, así lo indican sus prácticas restrictivas,  tener el carácter de sede diplomática, donde los funcionarios del Estado colombiano no pueden ingresar, salvo si son fuerzas armadas oficiales, Ejército y Policía, que le prestan vigilancia por cuenta de los contribuyentes colombianos.

La condición de república bananera nos la replican en pleno siglo XXI en la Altillanura colombiana, en donde de acuerdo a la ley está limitada la acumulación de tierras, ampliamente demandada y denunciada, sin que, tampoco, ésta ilegalidad haya sido definida y sancionada; es conocido también que esta empresa ya supera las 50.000 hectáreas en esa zona, sin que los tribunales hayan dictado sentencia sobre esta trasgresión.

Cuando la justicia es lenta, terriblemente lenta, el desgaste que ello implica para los afectados, termina siendo un acto de  verdadera impunidad de los hechos en litigio.

Posiblemente con el poder económico que ostenta la poderosa empresa, finalmente los encausados que van a terminar respondiendo por las flagrantes violaciones y sus correspondientes daños económicos, serán funcionarios operativos de menor rango dentro de la fuerte compañía, mientras los encumbrados gatos gordos de esa dirección empresarial continuarán delinquiendo, amparados en la lentitud de la justicia, que les asegura largos períodos de impunidad.

(*) Dirigente gremial. Directivo de Dignidad Arrocera.

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