Quejas en la Fiscalía y Procuraduría contra el alcalde de Villavicencio

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El ex presidente y ex consejero del Comité Territorial de Planeación de Villavicencio, Carlos Eduardo Cano Hernández, les pidió a la Fiscalía y Procuraduría que investiguen al alcalde de esta ciudad, Wilmar Orlando Barbosa Rozo (Foto), porque en 2 años de su gobierno habría dejado de cobrar al menos 2 billones de pesos por concepto de plusvalía.

Escribió el señor Cano Hernández en las cartas que radicó en las citadas instituciones, que el mandatario podría incurrir en prevaricato por omisión, prevaricato a favor de terceros y peculado, porque con esa omisión estaría generando detrimento patrimonial en contra del municipio de Villavicencio y los ciudadanos.

Dejó claro que esas denuncias las está realizando porque el funcionario y su secretario de Planeación, Manuel Eduardo Herrera Pabón, no han querido actuar conforme a la ley, así que les envió como pruebas 2 cartas que les radicó en febrero de 2016 cuando era presidente del Comité Territorial de Planeación de Villavicencio (CTP).

La Administración municipal respondió a las misivas firmadas por Carlos Cano, pero el entonces presidente consideró que “no se contesta nada de fondo y se evade lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 y en el POT Norte, acuerdo 287 de 2015”.

Agregó el denunciante que después de haberse sancionado en diciembre de 2015 el acto administrativo que reformó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la administración de Barbosa Rozo aún no cumple con una parte fundamental del procedimiento, al determinar el nuevo valor que en teoría adquirieron los predios por cuenta del cambio del POT.

Al no fijar ese precio tampoco ha inscrito a folios de matrícula el efecto plusvalía, y al no encontrarse tal anotación en el folio de matrícula inmobiliaria de los inmuebles, no le es posible cobrar dicho gravamen a la Administración municipal.

“El alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, al día de hoy no ha desarrollado ninguna acción de lo dispuesto para el cobro de la plusvalía”.

Carlos Eduardo Cano Hernández finalizó sus cartas a la Procuraduría y Fiscalía manifestando que al estar vigente el acuerdo 287 de 2015 que sustituyó el viejo POT, el alcalde está obligado a cumplir con lo ahí escrito, sumado al incumplimiento del punto 4.1 del programa de gobierno que corresponde al Eje social y los instrumentos de gestión urbanística.

¿QUÉ ES LA PLUSVALÍA?

Las acciones urbanísticas generan beneficios que le dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías, es decir son herramientas de los gobiernos para adicionar dinero a los presupuestos, permitiéndoles cobrar por el cambio de uso del suelo después de aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Lo primero que deben hacer es contratar una firma avaluadora para determinar el precio del suelo antes de la adopción del POT, con eso obtendrán el valor referencia, y luego contratarán otro avalúo cuando esté rigiendo el documento, con el fin de establecer el nuevo precio por el uso del suelo.

Cuando los gobiernos tienen el valor de la tierra antes y después, entonces proceden a establecer la diferencia y así determinar la plusvalía.

Los hechos generadores son la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano; el establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo y la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez.

Los dineros que se perciban por ese concepto tendrán la destinación que ordenen los concejos municipales o sean priorizados por las alcaldías, pero volviendo al caso de Villavicencio, se pueden invertir en la construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales para la adecuación de asentamientos urbanos incorporados dentro del tratamiento de mejoramiento integral.

También en el financiamiento de infraestructura vial, actuaciones urbanísticas en programas de renovación urbana pero especialmente cuando sea recuperación, mejoramiento y potencialización de las fuentes hídricas, y al mantenimiento del patrimonio cultural del municipio mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles catalogados como patrimonio cultural.

Wilmar Orlando Barbosa Rozo, alcalde de Villavicencio.

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