Familia despojada por paramilitares recuperaron 2 mil hectáreas en Puerto Gaitán (Meta)

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El Tribunal Superior de Bogotá especializado en restitución de tierras ordenó que los predios despojados por alias Guillermo Torres y alias Lasso Galindo, fueran restituidos a familia que sufrió todo tipo de presiones por parte de las Autodefensas, para entregar la propiedad de 2 mil 18 hectáreas ubicadas en la inspección La Cristalina en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

La familia Jiménez (*) arribó a la región en 1991, y ocupó el predio baldío ubicado en la citada inspección donde recibió la adjudicación del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), por eso fue divida en 3 propiedades y estaba dedicada a la cría de ganado bovino y porcino.

Con la llegada de los paramilitares la familia Jiménez no pudieron seguir disfrutando de sus tierras, porque la ubicación geográfica de la propiedad y espacios sirvió para que el grupo armado la tomara como centro de operaciones, obligando a los poseedores a solicitar el permiso para vender el ganado y luego a dejar el predio.

Sin muchos recursos y viviendo en Villavicencio decidieron venderlo usando los avisos clasificados en uno de los periódicos de mayor circulación en la región, y no esperaron mucho tiempo para recibir respuesta, debido que los llamaron para ofrecerles 400 millones de pesos por las tierras y les fijaron hora y lugar para realizar el negocio.

Al llegar al lugar fueron obligados a firmar los documentos para ceder los terrenos, les entregan 70 millones de pesos, les descontaron 7 millones para impuestos, los retuvieron durante 3 días en una finca ubicada en Villavicencio, y luego los trasladaron a Bogotá donde los mantuvieron secuestrados por 1 semana más.

Después de ese tiempo los paramilitares los dejaron libres y “por su buen comportamiento los dejamos vivir”.

Para la justicia los hechos de violencia son innegables. La quema de casas, asesinatos selectivos a campesinos de la región, extorsión y constreñimiento fueron las acciones que emprendieron las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada, con las cuales lograron controlar una región que por años estuvo bajo el mando de las FARC.

En el fallo del alto tribunal se declaró la nulidad absoluta del contrato hipotecario que existía sobre el predio, el de servidumbre petrolera de oleoducto y tránsito que habían sido constituidos por quien tenía el título, y la providencia afirmó que la entidad financiera no cumplió con un mínimo exigible de diligencia para el establecimiento de crédito, que al ser obviado, impide declarar en su favor la buena fe exenta de culpa.

Con respecto a la servidumbre de hidrocarburos, declaró la nulidad de ese gravamen, no obstante, la decretó como medida cautelar provisional, ordenando a la empresa petrolera negociar las condiciones económicas con quienes resulten propietarios de los predios restituidos en proporción a las afectaciones, y agregó que la medida será verificada por el Tribunal en el seguimiento posfallo.

También le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras estudiar la legalidad de las adjudicaciones de los predios restituidos por el antiguo Incora. Con el fallo se negaron las oposiciones presentadas.

La familia Jiménez recuperó los predios que fueron despojados por la incidencia paramilitar en la zona, se decretaron todas las medidas restaurativas y de vocación transformadora que le permitan tener una vida digna.

(*) Nombres cambiados.

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